La décision de la Cour
constitutionnelle dominicaine qui ouvre la porte à la
"dénationalisation" de milliers de citoyens d'origine haïtienne nés
en République dominicaine est inique, clame Mario Vargas Llosa, Prix Nobel de
littérature 2010, qui la compare aux lois hitlériennes des années 1930.
Juliana Deguis Pierre est née il y a vingt-neuf ans de
parents haïtiens en République dominicaine et n'est jamais sortie de son pays
natal. Jamais elle n'a appris le français ni le créole, et elle parle
uniquement ce bel espagnol aux intonations dominicaines si chantantes. Munie de
son certificat de naissance, Juliana a déposé une demande de carte d'identité à
la Junta Central Electoral, l'état civil dominicain, qui la lui a refusée, lui
confisquant de plus le certificat en arguant de "patronymes
suspects".
Juliana a présenté un recours, et le 23 septembre 2013, le
tribunal constitutionnel dominicain a rendu son verdict, refusant la
nationalité dominicaine à tous ceux qui, comme cette jeune femme, sont enfants
ou descendants de "migrants" clandestins. La décision du tribunal
suscite un tollé international contre la République dominicaine et fait de
Juliana Deguis Pierre l'incarnation de la tragédie des quelque 200 000
Dominicains d'origine haïtienne (estimation de Laura Bingham, de l'Open Society
Justice Initiative) qui se retrouvent ainsi apatrides, privés, pour beaucoup de
façon rétroactive, de leur nationalité.
La conclusion du tribunal constitutionnel dominicain est une
aberration juridique qui semble directement inspirée des lois hitlériennes des
années 1930, édictées par des magistrats nazis dans le but de priver de la
nationalité allemande les Juifs pourtant établis dans ce pays depuis des années
(des siècles, même) et parfaitement intégrés dans la société. La décision est
en tout état de cause en infraction avec un arrêt de la Cour interaméricaine
des droits de l'homme (dotée d'une convention à laquelle la République
dominicaine fait partie) qui, en septembre 2005, avait déjà condamné ce pays
pour négation du droit à la nationalité de deux petites Dominicaines nées comme
Juliana de parents haïtiens, Dilcia Yean et Violeta Bosico. Il est évident, au
vu de ce précédent, que la Cour interaméricaine, si elle était saisie,
réaffirmerait ce droit et que la République dominicaine serait contrainte de
s'y plier, sauf à décider – ce qui est très peu probable – de se mettre à
l'écart du système judiciaire interaméricain et de devenir un pays paria.
Cruauté, inhumanité
et hypocrisie des juges
Rappelons, comme l'a fait The New York Times le 24 octobre,
que deux juges du tribunal constitutionnel dominicain ont voté contre cette
décision et, en s'opposant à une mesure ouvertement raciste et discriminatoire,
ont sauvé l'honneur de l'institution et de leur pays. Les magistrats du
tribunal motivent leur refus de la nationalité à des personnes comme Juliana
Deguis Pierre par la "situation irrégulière" des parents. En d'autres
termes, il s'agit de faire payer aux enfants (voire aux petits-enfants et aux
arrière-petits-enfants) un délit que sont présumés avoir commis leurs ascendants.
Comme au Moyen Age, comme les tribunaux de l'Inquisition, l'arrêt
constitutionnel dominicain part du principe que les délits sont héréditaires et
se transmettent, par le sang, de génération en génération.
A la cruauté et à l'inhumanité de ces juges vient s'ajouter
l'hypocrisie. Ils savent très bien que l'immigration "irrégulière" ou
clandestine des Haïtiens en République dominicaine, qui a commencé au début du
XXe siècle, est un phénomène social et économique complexe. Bien souvent, et
précisément dans les périodes les plus favorables économiquement, cette
immigration a été encouragée par les propriétaires terriens et chefs
d'entreprise dominicains eux-mêmes, soucieux de disposer d'une main-d'œuvre bon
marché sur les plantations de canne à sucre, dans le bâtiment ou pour les
travaux domestiques, et ce au vu et au su des autorités, conscientes du
bénéfice économique que pouvait tirer le pays (en tout cas ses classes moyennes
et supérieures) de ces flots de clandestins d'ailleurs maintenus dans des conditions
de vie extrêmement précaires, majoritairement sans contrat de travail ni
sécurité sociale, ni protection juridique d'aucune sorte.
Los parias del Caribe, MARIO
VARGAS LLOSA
PIEDRA DE TOQUE. La
sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sobre el caso
de Juliana Regis Pierre es un desatino que niega la nacionalidad a los hijos de
inmigrantes irregulares
Juliana Deguis Pierre nació hace 29 años, de padres
haitianos, en la República Dominicana y nunca ha salido de su tierra natal.
Jamás aprendió francés ni créole y su única lengua es el bello y musical
español de sabor dominicano. Con su certificado de nacimiento, Juliana pidió su
carnet de identidad a la Junta Central Electoral (responsable del registro
civil), pero este organismo se negó a dárselo y le decomisó su certificado
alegando que sus " apellidos eran sospechosos ". Juliana apeló y el 23
de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional dominicano dictó una sentencia
negando la nacionalidad dominicana a todos quienes, como aquella joven, sean
hijos o descendientes de " migrantes " irregulares. La disposición
del Tribunal ha puesto a la República Dominicana en la picota de la opinión
pública internacional y ha hecho de Juliana Deguis Pierre un símbolo de la
tragedia de cerca de 200.000 dominicanos de origen haitiano (según Laura
Bingham, de la Open Society Justice Initiative) que, de este modo, la mayoría
de ellos de manera retroactiva, pierden su nacionalidad y se convierten en
apátridas.
La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano es una
aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes
hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para
privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos
siglos) avecindados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad. Por
lo pronto, se insubordina contra una disposición legal de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (de la que la República Dominicana forma
parte) que, en septiembre de 2005, condenó a este país por negar su derecho a
la nacionalidad a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, dominicanas como
Juliana, e igual que ella hijas de haitianos. Con este precedente, es obvio
que, si es consultada, la Corte Interamericana volverá a reafirmar aquel
derecho y la República Dominicana tendrá que acatar esta decisión, a menos que
decida —algo muy improbable— retirarse del sistema legal interamericano y
convertirse a su vez en un país paria.
Hay que señalar, como lo hace The New York Times el 24 de
Octubre, que dos miembros del Tribunal Constitucional dominicano dieron un voto
disidente y salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una
medida claramente racista y discriminatoria. El argumento utilizado por los
miembros del Tribunal para negar la nacionalidad a personas como Juliana Deguis
Pierre es que sus padres tienen una " situación irregular ". Es decir,
hay que hacer pagar a los hijos (o a los nietos y bisnietos) un supuesto delito
que habrían cometido sus antepasados. Como en la Edad Media y en los tribunales
de la Inquisición, según esta sentencia, los delitos son hereditarios y se
transmiten de padres a hijos con la sangre.
La decisión convierte en apátridas a más de 200.000
dominicanos de origen haitiano
A la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la
hipocresía. Ellos saben muy bien que la migración " irregular " o
ilegal de haitianos a la República Dominicana que comenzó a principios del
siglo veinte es un fenómeno social y económico complejo, que en muchos períodos
—los de mayor bonanza, precisamente— ha sido alentado por hacendados y
empresarios dominicanos a fin de disponer de una mano de obra barata para las
zafras de la caña de azúcar, la construcción o los trabajos domésticos, con
pleno conocimiento y tolerancia de las autoridades, conscientes del provecho
económico que obtenía el país —bueno, sus clases medias y altas— con la existencia
de una masa de inmigrantes en situación irregular y que, por lo mismo, vivían
en condiciones sumamente precarias, la gran mayoría de ellos sin contratos de
trabajo, ni seguridad social ni protección legal alguna.
Uno de los mayores crímenes cometidos durante la tiranía de
Generalísimo Trujillo fue la matanza indiscriminada de haitianos de 1937 en la
que, se dice, varias decenas de miles de estos miserables inmigrantes fueron
asesinados por una masa enardecida con las fabricaciones apocalípticas de
grupos nacionalistas fanáticos. No menos grave es, desde el punto de vista
moral y cívico, la escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional. Mi
esperanza es que la oposición a ella, tanto interna como internacional, libre
al Caribe de una injusticia tan bárbara y flagrante. Porque el fallo del
Tribunal no se limita a pronunciarse sobre el caso de Juliana Deguis Pierre.
Además, para que no quede duda de que quiere establecer jurisprudencia con el
fallo, ordena a las autoridades someter a un escrutinio riguroso todos los
registros de nacimientos en el país desde el año 1929 a fin de determinar
retroactivamente quiénes no tenían derecho a obtener la nacionalidad dominicana
y por lo tanto pueden ser ahora privados de ella.
Si semejante paralogismo jurídico prevaleciera, decenas de
miles de familias dominicanas de origen haitiano (próximo o remoto) quedarían
convertidas en zombies, en no personas, seres incapacitados para obtener un
trabajo legal, inscribirse en una escuela o universidad pública, recibir un
seguro de salud, una jubilación, salir del país, y víctimas potenciales por lo
tanto de todos los abusos y atropellos. ¿Por qué delito? Por el mismo de los
judíos a los que Hitler privó de existencia legal antes de mandarlos a los
campos de exterminio: por pertenecer a una raza despreciada. Sé muy bien que el
racismo es una enfermedad muy extendida y que no hay sociedad ni país, por
civilizado y democrático que sea, que esté totalmente vacunado contra él.
Siempre aparece, sobre todo cuando hacen falta chivos expiatorios que
distraigan a la gente de los verdaderos problemas y de los verdaderos culpables
de que los problemas no se resuelvan, pero, hemos vivido ya demasiados horrores
a consecuencias del nacionalismo cerril (siempre máscara del racismo) como para
que no salgamos a enfrentarnos a él apenas asoma, a fin de evitar las tragedias
que causa a la corta o a la larga.
El racismo aparece cuando hacen falta chivos expiatorios que
oculten los verdaderos problemas
Afortunadamente hay en la sociedad civil dominicana muchas
voces valientes y democráticas —de intelectuales, asociaciones de derechos
humanos, periodistas— que, al igual que los dos jueces disidentes del Tribunal
Constitucional, han denunciado la medida y se movilizan contra ella. Es penoso,
eso sí, el silencio cómplice de tantos partidos políticos o líderes de opinión
que callan ante la iniquidad o, como el prehistórico cardenal arzobispo de
Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, que la apoya, sazonándola de
insultos contra quienes la condenan. Yo creía que los peruanos teníamos, con el
Cardenal Juan Luis Cipriani, el triste privilegio de contar con el arzobispo
más reaccionario y antidemocrático de América Latina, pero veo que su colega
dominicano le disputa el cetro.
Quiero mucho a la República Dominicana, desde que visité ese
país por primera vez, en 1974, para hacer un documental televisivo. Desde
entonces he vuelto muchas veces y con alegría lo he visto democratizarse,
modernizarse, en todos estos años, a un ritmo más veloz que el de muchos otros
países latinoamericanos sin que se reconozca siempre su transformación como
merecería. El segundo de mis hijos vive y trabaja allá y entrega todos sus
esfuerzos a apoyar los derechos humanos en ese país, secundado por muchos
admirables dominicanos. Por eso me apena profundamente ver la tempestad de
críticas que llueven sobre el Tribunal Constitucional y su insensata sentencia.
Éste es uno de esos momentos críticos que viven todos los países en su
historia. Lo fue también cuando ocurrió el terrible terremoto que devastó a su
país vecino, Haití, en enero de 2010. ¿Cómo actuó la República Dominicana en
esa ocasión ? El Presidente Leonel Fernández voló de inmediato a Puerto
Príncipe a ofrecer ayuda y ésta se volcó con una abundancia y generosidad formidables.
Yo recuerdo todavía los hospitales dominicanos repletos de víctimas haitianas y
los médicos y enfermeras dominicanos que volaron a Haití a prestar sus
servicios. Esa es la verdadera cara de la República Dominicana que no puede
verse desnaturalizada por las malandanzas de su Tribunal Constitucional.
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2013.
© Mario Vargas
Llosa, 2013.
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